La Corte protege la autonomía de personas con discapacidad declaradas en interdicción

Una mujer con discapacidad tenía una sentencia de interdicción antigua, es decir, una decisión judicial que le quitaba el poder de tomar sus propias decisiones. Su hermano intentó proteger legalmente la casa de ella, pero una notaría se lo impidió porque no pudo revisar esa sentencia. La Corte Constitucional decidió que cuando alguien actúa en nombre de una persona con discapacidad, primero hay que asegurarse de que esa persona realmente no puede participar por sí misma, y que quien la ayuda lo hace para protegerla, no para reemplazar su voluntad. Además, ordenó al juzgado reconstruir los documentos del proceso que se perdieron en un incendio en 2021 y revisar la sentencia de interdicción con las reglas actuales, que buscan respetar la autonomía de las personas con discapacidad según la Ley 1996 de 2019. Esto es importante para todas las personas que tienen sentencias de interdicción anteriores a esa ley, porque tienen derecho a que su caso sea revisado bajo un enfoque que respete su capacidad de decidir.